La anulación de los teléfonos celulares está lejos de tener lugar dentro de la cárcel de Coronda, ya que todavía siguen apareciendo grandes delitos, manejados a manera de home office por presos, que pese a esta condición, se mantienen activos en el delito e incluso, más protegidos.
Incluso hasta con palomas, más allá de continuamente ha habido requisas buscando estos aparatos, ya sea porque curiosamente se filtran en algunos ingresos, o los tiran desde afuera o los suben a estas aves o los ingresan empleados infieles, la circulación prosigue.
Es más, luego de un pormenorizado informe al que tuvo acceso Periódico Corondino Web hace algo más de un año, donde se dio el detalle de la cantidad de teléfonos secuestrados y dónde en las requisas en Coronda, hubo sanciones y bozales disciplinarios a quienes consideraron podrían haber sido nuestra fuente informativa y nunca más salió un dato sobre estos secuestros.
Ahora, un botón más de muestra: de acuerdo con una investigación realizada por la periodista del diario El Litoral, Ornella Pazzi “diez personas quedaron en prisión preventiva por venta de drogas en un barrio vulnerable de San Javier. Su líder dirigía al resto desde una celda de la cárcel de Coronda. Las detenciones se dieron en el marco de una investigación que inició en marzo de este año, que derivó en una serie de allanamientos en el barrio Los Reubicados de la ciudad costera”.
A partir de distintos hechos ilícitos que se estaban cometiendo en inmediaciones de la casa en la que se comercializaba la droga, el fiscal Francisco Cecchini articuló las tareas iniciales de la investigación con el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.
El legajo quedó a cargo del fiscal Guillermo Persello, quien imputó a los seis hombres y a las cuatro mujeres como coautores del delito de «comercialización de estupefacientes calificada por la intervención de más de tres personas». Los diez quedaron en prisión preventiva por disposición de los jueces Sebastián Szeifert y Sergio Carraro.
Las primeras diligencias iniciaron en marzo de este año con personal de la Policía de Investigaciones (PDI) a raíz de una serie de robos, amenazas y hechos con armas de fuego que estaban ocurriendo en el barrio Los Reubicados.
Fue así que se dispusieron puntos de observación en la casa en la que se vendía la droga, donde residía PE, quien cumplía prisión domiciliaria por otra causa penal federal.
Según la investigación fiscal, era ella quien organizaba la comercialización de los estupefacientes junto con su esposo, Omar Melgarejo, que está preso en la cárcel de Coronda.
Se recabaron filmaciones, fotografías, informes de cuentas bancarias y de los teléfonos celulares utilizados por los narcos, y fue a raíz de estos que «pudimos comprobar que el matrimonio oficiaba de cabecilla de las operaciones que se realizaban en su domicilio», indicó Persello. La casa familiar fue allanada.
