La Concejala Patricia Núñez -PJ- presentó un proyecto de ordenanza para eximir del Derecho de Registro e Inspección a aquellos emprendimientos y comercios que se vieron realmente afectados por la pandemia. Incluso algunos de ellos no pudieron seguir trabajando o directamente nunca lo hicieron desde el 20 de Marzo.
Ante esto, la legisladora consideró que «el gobierno nacional tomó muchas medidas positivas para ayudar a la gente en sus crisis financieras» pero esto no fue suficiente ya que «se registra una fuerte caída en la producción, ha crecido la probreza y hay mucha gente en estado de emergencia alimentaria, sanitaria y económica».
Además, Núñez remarca los «efectos negativos en la economía local, el primero está dado por la oferta de bienes y servicios, debido a las medidas de aislamiento social, el segundo por la disminución de la demanda, derivado de los menores ingresos que genera la paralización de la actividad económica».
Si es verdad que «si bien no se puede desconocer la situación económica y financiera que atraviesa la Municipalidad, la misma no es un obstáculo para que el gobierno local acompañe a los comerciantes y prestadores de servicios, con el diseño de políticas fiscales capaces de apoyar a los empresarios del sector, con el fin de evitar el cierre o la quiebra de las unidades productivas y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo» prosiguió la edila.
Ante esto, el proyecto establece eximir «en un cincuenta por ciento el pago de Derecho de Registro e Inspección, a los comerciantes y prestadores de servicios que se encuentran inscriptos en el Departamento de Rentas a la fecha de la promulgación de la presente» y «esta tendrá una vigencia de doce menses, comenzando a regir desde el primer vencimiento posterior a la fecha de entrada en vigencia de la presente».
Núñez sostuvo que «será necesario que el Centro Comercial participe, y que la Municipalidad también colabore para poder ayudar a quienes fueron perjudicados por esta pandemia».
