La diputada mandato cumplido y coordinadora del bloque UCR de diputados, dijo que “Hace unos días, nos informaron la desacertada decisión por parte del Ejecutivo de disponer una menor cobertura de prestaciones a determinados pacientes como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Luego Victoria Tejeda mencionó que “comparto con ustedes las iniciativas impulsadas desde el Bloque de Diputados de la UCR por Jimena Senn y Juan Cruz Cándido para que IAPOS regularice el pago a prestadores que trabajan con personas con discapacidad y garantice las prestaciones a sus afiliados” expresó finalmente Tejeda.
“En la Provincia de Santa Fe, funcionan numerosas instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad. Algunas de ellas son públicas, otras privadas, mixtas, ONGs, centros de día, hogares, etc., pero sea cual sea su forma jurídica de constitución, en su gran mayoría el pago pasa parte de los beneficiarios de sus servicios, es a través de la cobertura de obras sociales. En ese sentido IAPOS cumple un rol fundamental, ya que su importancia por amplia cobertura y presencia total en el territorio, genera que muchas de estas instituciones dependan casi exclusivamente de los pagos que realiza, para poder subsistir” se inicia la explicación del proyecto.
“Es necesario marcar, que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC, en la provincia de Santa Fe existe entre un 11, 1 y 14% de personas con algún tipo de discapacidad, lo que constituye un universo cercano a las 500.000 personas. Actualmente, IAPOS se ha atrasado en el pago de los servicios prestados por profesionales, instituciones y por los servicios de transporte que trasladan a las personas desde sus domicilios a dichos lugares, en periodos que varían de los 90 hasta los 150 días; razón por la cual, se hace insostenible el normal funcionamiento y la correcta prestación de los servicios ya que es imposible, bajo la situación actual, el pago de sueldos de docentes, profesionales de la salud, la compra de insumos, etc” indica el texto firmado por siete diputados de la UCR.
”A todo lo mencionado anteriormente, se suma ahora, la falta de atención a personas que requieran renovar su tratamiento y la disminución de las terapias de rehabilitación ambulatorias. Para quienes deben afrontar una discapacidad, las dificultades son moneda corriente. Por eso es fundamental llevar adelante políticas acordes que faciliten la vida de estas personas. En este sentido y con el objetivo de evitar el colapso del sistema de prestaciones descripto ut supra, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto”.
El pedido del legislador Juan Cruz Cándido, acompañado por sus pares Maximiliano Pullaro, Silvia Ciancio, Marlén Espíndola, Jimena Senn, Georgina Orciani, Marcelo González, Silvana Di Stéfano, Fabián Bastía y Sergio Basile establece lo siguiente: “La Cámara de Diputados de la Provincia verá con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para que el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS): a) cubra el porcentaje de los módulos autorizados y la cantidad de sesiones para todos los tratamientos y prestaciones relacionados a Discapacidad, Salud Mental y Problemática Social (a los cuales refiere el punto 1 del ANEXO I de la Disposición G N° 000005), en los niveles previos al establecimiento del «aislamiento social, preventivo y obligatorio» establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 297 /20 del Poder Ejecutivo Nacional; b) reconozca los servicios de transporte, posteriores al 17 de Marzo, para aquellos pacientes que no pueden suspender sus tratamientos, con igual cobertura a la que tenían previamente al establecimiento del «aislamiento social, preventivo y obligatorio»; c) especifique los motivos por los cuales no se autorizarán ningún inicio terapéutico del Programa de Discapacidad y del Programa de Enfermedad Mental Severa y Duradera; d) cubra el porcentaje de los m6dulos autorizados y la cantidad de sesiones para todos los tratamientos y prestaciones relacionados al Programa Integral de Obesidad (a los cuales refiere el punto 9 del ANEXO I de la Disposición G N° 000005), en los niveles previos al establecimiento del «aislamiento social, preventivo y obligatorio» establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 297 /20 del Poder Ejecutivo Nacional; e) en los casos de Psicología Ambulatoria, Psicopedagogía, Fonoaudiología y Nutricionistas (a los cuales hacen referencia los puntos 2, 3, 5 y 10 del ANEXO I de la Disposición G N° 000005) se reconozcan nuevos inicios aunque estemos en período de «aislamiento social, preventivo y obligatorio»; f) establezca cuáles son los criterios específicos que determinan cuáles prestaciones pueden ser realizadas de forma virtual por tele-asistencia o tele-consulta; y, g) indique cuáles son medias fehacientes para documentar la utilización de plataformas de tele-asistencia y/o tele-consulta que permitirá para los casos en los que lo requiere a los fines de la auditoría de la facturación”.
