En una resolución como mínimo polémica, la Dirección del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe elaboró un «memorándum de memorándum» en el cual establece la obligatoriedad por segunda vez -la primera fue en setiembre hace 5 años- de que la totalidad de los empleados del Servicio Penitenciario deberán dar cuenta de sus números telefónicos pero además de otros datos de los aparatos que están rayanos con la violación a la intimidad y con el tráfico de información personal e incluso, la tan nombrada clonación si esa data cayera en manos equivocadas.
La cronología establece que el 20 de setiembre de 2017 el Dr. Pablo Cococcioni durante la administración socialista provincial había determinado por Orden Interna 5-17 registrar los números de teléfono celular de todo el personal carcelario, independientemente su jerarquía, tras lo cual si algún trabajador aparecía con un aparato con número no registrado, podía ser duramente sancionado.
Pasó el tiempo y al parecer esto quedó en la nada o a mitad de camino. Con el pandemónium generado por la necesidad de sacar de circulación los aparatos telefónicos de la Unidad 1, y pese al esfuerzo en las requisas de ir eliminando el tráfico ilegal, surgieron el memo 1221, el 1228 y el 092. Por eso se retomaron viejas órdenes.
En el 1221, del 28 de octubre anterior, firmado por el titular del SP Gabriel Leegstra, se impone a los directores de establecimientos carcelarios que se restablezca el registro «de un único número de telefonía celular que posea el personal penitenciario» y que «a la citada información deberá adicionarse lo siguiente: marca y modelo del equipo, número y marca de tarjeta SIM y número de IMEI».
Luego, el 1228 se insiste con el 1221, este con fecha 31 de octubre donde se da a conocer un link para ingresar y cargar los datos que según esa nota quedarán en la Dirección de Informática del SP. Finalmente, ya en 2023, el día 30 de enero se establece en la OI 092 y se establecen 4 días hábiles para cumplir con la orden, so pena de establecer castigos. Los 4 días se vencerían este jueves 2 o cuando mucho el viernes 3.
EL DESCARGO DE COCOCCIONI
El ex titular del SP durante las gestiones socialistas anteriores en la provincia, el Dr. Pablo Cococcioni, quien también fuera director de la Unidad 1, el abogado hizo un descargo. «Ante la errónea invocación de una orden mía para justificar el armado de una base de datos con información sensible del personal penitenciario (concretamente: IMEI de sus teléfonos celulares), me veo obligado a aclarar:».
«Como medida tendiente a controlar el ingreso de celulares a las cárceles, mediante Orden Interna N° 5/17 dispuse la registración del número telefónico de todo celular que el personal penitenciario pretendiera ingresar a una cárcel. Consiguientemente, y en la misma orden, se advirtió que la posesión de un dispositivo no registrado daría lugar a la apertura de sumario disciplinario».
«Invocando dicha orden, la actual conducción del Servicio Penitenciario emitió varias órdenes (o «memorandos», porque estrictamente hablando ahora nadie emite órdenes por escrito) mediante las cuales se renueva mi directiva, pero agregándose ahora la obligación de registrar el número de SIM y número de IMEI de cada dispositivo. Se aclara también que la registración debe realizarse a través de una página web, y que los datos ingresados quedarán guardados en una base de datos del Servicio Penitenciario».
«La validez de esta orden resulta discutible, a la luz de múltiples normas que regulan la obtención, el acopio y la posible utilización de información privada de las personas. En este caso, además, se trata de información sensible, mediante la cual se incrementan los riesgos de que los dispositivos o sus cuentas vinculadas puedan ser accedidos en forma remota».
«No se advierte mayor utilidad en la obtención de esos datos desde el punto de vista del control pretendido, ya que en definitiva el mero hallazgo de un teléfono no autorizado debería motorizar consecuencias disciplinarias. Si un empleado ingresa con tres teléfonos y sale con uno, existe una fuerte sospecha de que ha comerciado ilegalmente con los dos restantes. Tan simple como eso. Nada tiene que ver el IMEI».
«De todos modos, no es mi propósito que se restrinjan medidas de control sobre el personal penitenciario. Simplemente no deseo que, ante la falta de órdenes precisas por parte de la actual conducción política del Servicio Penitenciario, se tergiversen o deformen órdenes mías, de las que por otra parte me hago absolutamente responsable».
«Finalmente, advierto con preocupación que se pretende construir una base de datos con información sensible del personal penitenciario, sin explicitarse qué finalidad se persigue ni qué resguardos de seguridad se han adoptado. Resulta alarmante pensar que este tipo de información pueda llegar a manos de reclusos de alto perfil o vinculados al crimen organizado».
Esto último indudablemente que es lo que más preocupa a los empleados. Algunos se abstuvieron a evitar sanciones y están brindando los datos pero no se descarta tampoco que comiencen a declarar teléfonos que realmente serán llevados a su trabajo en las cárceles, pero que no son los principales en su vida cotidiana.
El tráfico de teléfonos en las cárceles es escandaloso, nunca se ha querido ni podido poner fin realmente a esto por una simple y dura razón -siendo bien pensados-: aislar totalmente a los internos sería encender una llama peligrosa. De hecho ya hubo amenazas la semana pasada por el tema de la colocación del escáner. Desde la Masacre de Coronda de 2005 para acá no hubo más motines salvo el de marzo de 2020 por otras cuestiones tal vez pero uno de los costos altos lo paga el empleado amén de que también es verdad que ya se comprobó que varios trabajadores aprovecharon la necesidad de los presos de tener teléfonos y comercializaron o comercializan con eso, lo cual también digamos que es un arma de doble filo porque no nos olvidemos que el trato se hace con delincuentes comprobados y encerrados.
En algún momento se pensó en telecentros con abundantes líneas para que los internos puedan comunicarse a diario y con reglamentaciones y sobre todo, que las autoridades sepan con quién hablan o qué números llaman, pero no prosperó esto que podría haber sido un taller del IAPIP, por ejemplo.
DURAS DECLARACIONES DEL FISCAL GENERAL
El Dr. Jorge Baclini atacó este tema y mencionó que la proliferación de casos de balaceras obligó a que desde el Ministerio Público de la Acusación se creara una unidad especializada en la investigación de estos casos. Empezó como balaceras, pero luego detectamos que detrás de esos ataques había extorsiones. O se les pedía a las personas que se fueran del domicilio o, como se ve ahora, se les pedía dinero para brindar protección. Son modalidades delictivas que se vienen advirtiendo y que últimamente se han incrementado en porcentajes siderales” dijo a LT 8.
El funcionario ratificó que la mayoría de las extorsiones y balaceras son pergeñadas “por personas que están detenidas en las unidades penitenciarias». «Reiteramos lo mismo que venimos diciendo desde siempre: no podemos permitir que desde las cárceles, con el uso de celulares que están prohibidos, se siga orquestando todo tipo de delitos, no sólo las balaceras. Es fundamental que se reaccione y se imponga una política efectiva y que brinde una respuesta, que actualmente no se está dando”, remarcó.
“Hace bastante que viene ocurriendo esto, más de 3 años. No lo podemos permitir. La ley de ejecución penitenciaria prohíbe el uso de la telefonía celular en las cárceles y les pide a los gobiernos que instalen inhibidores de señales. Es una ley nacional, a la que la provincia adhirió. Santa Fe debería cumplir con eso y poner inhibidores en todos los penales”, disparó el magistrado.