En una causa con muchas idas y vueltas y dilatada en el tiempo, este lunes hubo una audiencia de recusación solicitada por el Dr. Martín Mazzeo, abogado patrocinante de una empleada penitenciaria que denunció a un superior por un supuesto abuso sexual, ocurrido en 2015, hace casi una década y que no tiene resolución hasta el momento.
El acusado, oficial carcelario, de apellido G., es empleado del Servicio Penitenciario, con grado jerárquico, y según la acusación formalizada, la calificación penal provisoria que se estaba investigando era un posible “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por personal de una fuerza de seguridad –2 hechos– en concurso real” dentro del ámbito laboral de la Cárcel de Coronda siendo el acusado jefe de la víctima en su momento.
Mazzeo presentó varias pruebas y pericias, basadas en “entrevistas realizadas durante todo este tiempo con profesionales en Psiquiatría y Psicología que atendieron a mi patrocinada, empleada del Servicio Penitenciario, pericias psiquiátricas a la víctima, documentación sobre atenciones médicas que hubo que hacer a consecuencia de los problemas de salud que esto generó en esta mujer, entrevista a testigos, más la denuncia radicada el 6 de noviembre de 2020, la imputación del 17 de octubre de 2022 sobre este empleado a raíz de los hechos denunciados, que ocurrieron a finales de 2015 en el ámbito de trabajo de la Unidad 1, en la cual mi patrocinada era subalterna del imputado”, y a pesar de todo eso, a principios de marzo el fiscal Dr. Matías Broggi archivó la causa al considerar que no son pruebas suficientes las declaraciones de testigos y hasta refirió contradicciones entre lo dicho por la víctima y estos declarantes, tampoco considera valorables los testimonios y reportes de profesionales en psiquiatría y psicología, ni así tampoco los mismos dichos de la denunciante, aunque sí aclara que la víctima supuesta no tenía vínculos con sus compañeros en el ámbito carcelario. “No se han podido aportar testigos con virtualidad de acreditar los dichos de la víctima en lo que hace a su concurrencia a la oficina del denunciado” indica en el escrito el fiscal, teniendo en cuenta que ese despacho habría sido el lugar del hecho, en dos ocasiones según la denuncia.
Esto llevó a Mazzeo a recusar la actuación del fiscal e incluso a presentar una queja formal por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público. Luego de la audiencia de este lunes “que fue de apelación, en relación al legajo de la carpeta penal de un hecho de abuso denunciado en Coronda por una suboficial del SP, contra un alto funcionario” el profesional contó que “ya hubo imputativa, como querellante hice acusación por elevación a juicio, el juez de primera instancia lo rechazó porque había un archivo fiscal previo, se tenía que seguir la vía recursiva ante el fiscal regional, después ante el fiscal general y la querella privada ante el juez”.
“Ante ese decreto de un juez de primera instancia, el Dr. Sebastián Creus, juez de cámara, revocó el decreto y ordenó el reenvío de la causa a los fines que se establezcan los pasos a seguir” y “dijo que el archivo fiscal no cumplió con el procedimiento establecido por el código procesal penal para el dictado de ese archivo. Todo esto será ventilado ante el juez de primera instancia, para que resuelva y esperaremos la eventual elevación a juicio”.
Además, Mazzeo aclaró que “queremos que pase a juicio oral y público” y en la audiencia del lunes el juez mencionó sobre el profesional aludido, que “debe poner el mismo celo que con el resto de las causas ordinarias, y con esta mucho más porque se investiga la perpetración de un delito de un funcionario público con superioridad jerárquica dentro de una dependencia pública y que adopte un diálogo más fluido con la querella, ya que había muchos chispazos, en este caso conmigo”.
