La diputada nacional María Victoria Tejeda –Evolución UCR, Juntos por el Cambio- presentó un proyecto de ley para que “los reclusos dejen de hacer home office desde las cárceles, con inhibición de señal, más seguridad, audiencias virtuales en vez de traslados” para que se conviertan en “herramientas concretas para mejorar la seguridad de los santafesinos y santafesinas”.
Está dirigido especialmente a presos de alto perfil, que hoy no están discriminados de ese modo en los penales santafesinos al menos. Según el proyecto se considera como de “alto perfil” o “alta peligrosidad” a “las personas físicas que estuvieran privadas legalmente de su libertad ambulatoria en cualquier ámbito institucional de jurisdicción nacional, siempre que se verifique alguna de las siguientes circunstancias: a) participación o contacto relevante con organizaciones criminales complejas; b) existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos, por sí o por medio de allegados u organizaciones criminales; c) antecedentes de evasión, atentado o resistencia a la autoridad policial o penitenciaria, participación en motín o tumulto; d) disponibilidad de recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hicieran presumir cualquiera de las circunstancias antes mencionadas”.
Asimismo, en cuanto a su forma de alojamiento en los presidios, Tejeda escribió que “los reclusos de alto perfil serán alojados en el Servicio Penitenciario, quedando expresamente prohibido su traslado transitorio o definitivo a dependencias policiales o de otro tipo. La máxima autoridad penitenciaria determinará qué establecimientos, sectores o pabellones se destinarán al alojamiento de reclusos de alto perfil. Dichos lugares deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos: a) alojamiento en celda individual, b) patio con enrejado o mallado completo; c) servicio de inhibición de señal de teléfono celular, de internet y de radiofrecuencia; en celdas, espacios comunes, sanitarios y patios; d) personal de custodia debidamente seleccionado y entrenado y e) servicio de video vigilancia con cobertura de monitoreo las 24 horas”.
Por último, sobre los traslados de presos, que ha traído varios incidentes graves en el marco del Servicio Penitenciario Provincial con riesgo también para empleados corondinos, la legisladora indicó que “los traslados de reclusos de alto perfil fuera del ámbito penitenciario se autorizarán con criterio restrictivo. Los traslados a efectores de salud se autorizarán sólo en caso de absoluta necesidad y urgencia debidamente acreditada. Los vehículos de traslado deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: a) Separación física entre el sector destinado a los internos y el utilizado por el personal. b) Asientos y dispositivos que aseguren la sujeción física. c) Malla metálica de protección externa en parabrisas y ventanillas. d) Blindaje balístico exterior, de conformidad con los requerimientos que determine la reglamentación, en carrocería y vidrios. e) Dispositivo de geolocalización. f) Equipos de comunicación digitales y analógicos. Asimismo, en cada traslado se afectarán uno o más vehículos de apoyo, los que deberán contar con las características indicadas en los apartados c), d), e) y f)”.
El proyecto de Tejeda estuvo acompañado por sus pares Juan Martín y Gabriel Chumpitaz y contó con el respaldo como co-firmantes de Carla Carrizo, Marcela Antola, Dolores Martínez, Danya Tavela, Gabriela Brouwer, Carolina Castets, Germana Figueroa Casas, José Nuñez y Ximena García.