Este artículo apareció hace unas horas en uno de los diarios más importantes del país…
Por Germán de los Santos – Diario La Nación
Las cárceles en Santa Fe están desbordadas desde hace tiempo, con una sobrepoblación carcelaria de más de 1000 internos que se potenció a partir de la entrada en vigencia hace seis años del sistema procesal penal acusatorio, que incrementó en un 47 por ciento la cantidad de reclusos , un problema que explotó el lunes pasado cuando comenzaron sucederse motines y disturbios durante toda la semana en reclamo de mejores condiciones sanitarias frente a la propagación del coronavirus . Esos incidentes provocaron la muerte de cinco internos y decenas de heridos.
En una mesa de diálogo, con representantes del gobierno de Santa Fe y del Poder Judicial empezaron a evaluar durante las últimas horas la posibilidad, después de requerir datos más precisos, de descomprimir las cárceles de Santa Fe, donde actualmente hay 5758 plazas, pero una población carcelaria de 6667 presos.Ads by
Aunque cada caso será analizado y queda a decisión de los jueces, la idea es otorgar excarcelaciones para aquellos presos con patologías de riesgo y, además, que se dicten salidas transitorias y libertades condicionales para internos que estén en condiciones de llegar a esa posibilidad. Fuentes del gobierno explicaron a LA NACION que » el número de presos que podrían obtener esos beneficios serían entre 500 y 700 «.
«La defensa pública ya comenzó con los pedidos, los que aún en su gran mayoría se encuentran sin resolución. Se instó tanto a los jueces como a los fiscales a la flexibilización de los criterios actuales, en aplicación de las normas que emergen de la situación de pandemia, que brindan criterios claros para su aplicación y les brindan el respaldo para la fundamentación de esas resoluciones que deberían apuntar a reducir la población carcelaria todo cuanto jurídicamente corresponda», señaló a LA NACION la titular de la Defensoría Pública Jaquelina Balangione, quien esta semana presentó 133 habeas corpus en favor de internos en riesgo.
Los motines estallaron casi al mismo tiempo el lunes pasado en los penales de Coronda, donde hay 1400 internos, y en Las Flores, donde están alojados 1030 reclusos. También se produjeron disturbios en la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero , a 20 kilómetros de Rosario, donde están privados de su libertad 2030 personas, entre las que se encuentran los jefes narco de las principales bandas de Rosario, como Los Monos , Alvarado y Los Funes , entre otros.
El estallido más fuerte se produjo en el penal de Las Flores , donde están los reclusos delitos menos graves, aunque de condición social más marginal. El detonante de los reclamos, que comenzaron el fin de semana pasado en Piñero, se centró en un principio en medidas de sanidad ante el coronavirus, pero con el correr de las horas las demandas se desplazaron a otro problema: como se habían prohibido el ingreso de las visitas, no entran más los llamados «bagayos», paquetes con víveres, uno de los canales por los cuales se ingresa la droga a las cárceles, algo que desnudó también el severo problema de salud, con fuertes adicciones de la población carcelaria.
Luego de los motines, que dejaron destruida en un 90 por ciento la cárcel de Las Flores y cuatro pabellones del ala norte de Coronda, las autoridades del Servicio Penitenciario autorizaron el ingreso de alimentos a los penales. En Las Flores comenzaron los trabajos para reacondicionar el penal donde fueron arrasadas la farmacia, la escuela y la enfermería. Pero surgieron otros problemas, derivados de la cuarentena extramuros.
«Estamos caminando sobre un límite muy fino y los reclamos pueden volver a las cárceles porque la situación es complicada», admitió a LA NACION Héctor Acuña, subsecretario del área penitenciaria. El ministro de Seguridad Marcelo Saín , quien participó de la reunión de la mesa de diálogo, coincidió en que «es necesario dentro de los parámetros ajustados a la ley que se descomprima la población carcelaria», aunque advirtió que «son los jueces los que deben analizar cada caso en particular y tomar decisiones».
En Coronda y Las Flores el ministro ordenó que permanezcan dentro de los penales agentes de la guardia de infantería y Policía de Acción Táctica para reforzar la seguridad de estas dos cárceles.
El abogado penalista Gustavo Feldman consideró que «el sistema carcelario de Santa Fe es deficitario y violatorio de las garantías constitucionales», y sostuvo que «la mayoría de los jueces navega entre la indolencia y la cobardía» por no dar beneficios a los internos en medio de esta crisis. Y se preguntó: «¿En este contexto compromete más a la salud pública una persona que viola la cuarentena y contagia o una que vende drogas en un barrio».
Después de los motines y reclamos en las unidades penitenciarias, varias organizaciones de derechos humanos y otras que trabajan con la problemática de las cárceles, emitieron un documento en el que reclaman que «más allá de todas las otras medidas urgentes que son necesarias tomar en relación con la prevención y la atención de la salud» de los internos, «resulta indispensable avanzar en la reducción de los volúmenes de superpoblación y hacinamiento».
El criminólogo y docente de la Universidad Nacional del Litoral Máximo Sozzo explicó en diálogo con la nacion que la crisis carcelaria en Santa Fe se da en un contexto particular, con «un crecimiento de la población carcelaria fue del 48 por ciento en sólo seis años». Y agregó: «Necesitamos que en Santa Fe se pongan medidas de excarcelaciones. El 48 por ciento de los internos están privados de su libertad por medidas cautelares. Hay números casos que no están detenidas por delitos violentos, por lo que hay una posibilidad de transformar esa medida cautelar de prisión preventiva en arresto domiciliario».
Sozzo planteó que «hay que acelerar la toma de decisiones. Es muy viable que el Ejecutivo pueda disponer la condonación de penas para aquellas personas que no cometieron delitos violentos y que están cerca de empezar a tener libertad asistida o condicional. A esta instancia podrían acceder personas que les falta menos de 12 meses para tener la libertad».
De nuestra redacción
Por Juan Peratitis
Las actuaciones de Héctor Acuña y de Marcelo Saín, a poco tiempo de haber asumido, dejan mucho que desear. Lejos de estar con los empleados e incluso sobrepasando autoridades y jerarquías políticas, Acuña aparece como un funcionario que si bien quizás le corresponda analizar la situación de los presos, no se pone en la piel de los trabajadores penitenciarios y, sinceramente, liberar parcial o totalmente al mismo tiempo 50, 100, 200 o 500 presos -se habla de no más de un centenar en realidad- con todas las fallas de sistema que hay en cuanto a controles, es un enorme riesgo que corre la sociedad. El foco del problema lo van a sacar de las cárceles y lo van a llevar a las ciudades. Esta situación es comparable con una fuga masiva de 100 internos… ¿O no acaso? ¿No sería la misma la sensación de los ciudadanos? Le tiraron la pelota a la justicia, pero la idea fue de ellos.
Paralelamente, en Coronda, una ciudad que tiene el pecado de ser cuantitativamente chica y por ende con poco peso político en relación a Santa Fe y Rosario que no han reaccionado ni a la llegada de la visita a las cárceles ni a la situación en general, en Coronda decíamos, los cacerolazos diarios, la entonación de los himnos son una marcada protesta que no ha conseguido tampoco eco aún en medios nacionales como para que el gobierno se sienta presionado.
La mesa de diálogo que armó el gobierno para mejorar la situación de la población carcelaria, sólo contempla vacunaciones y alguna medida de profilaxis para los trabajadores -que entonces es cierto que no se cumplían protocolos, como los mismos presos habían denunciado en el video que se conoció antes del motín del lunes pasado- pero por sobre todas las cosas vela por darles una solución a los presos que paradójicamente reclamaban por mejores condiciones de salubridad pero destruyeron talleres del IAPIP donde estaban haciéndose barbijos para ellos también y dejaron casi en ruinas la Cárcel de Las Flores, que están reacondicionando los agentes y los aspirantes, en vez de obligarlos a los presos mismos, con sangre, sudor y lágrimas, a dejarla como estaba.
La «bulla» de que esto pudo estar armado políticamente también crece, y de que una destrucción de un penal puede servir para blanquear números que por otro lado no podría hacerse, más las abstinencias a la droga, teniendo en cuenta que las mejores mulas que hay en el Servicio Penitenciario son las mujeres familiares de los presos y hoy no están pudiendo ir, son tres de los decorativos más a una situación que tendrá una solución real cuando se termine la Cárcel Federal, pero el detalle es que se está construyendo en la misma ciudad que teme por sus amigos y familiares empleados pero que poco protestó cuando anunciaron por enésima vez que el Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino se instalaría también en esta cabecera departamental.
La necesidad tiene cara de hereje: la oferta laboral del Servicio Penitenciario y los tiempos difíciles desde lo económico pueden más que los riesgos que tendrían que enfrentar quienes van a desempeñarse en las unidades de la provincia y de hecho en el reciente llamado a inscripción hubo récord de anotados y aparecieron centenares de corondinos y corondinas entre ellos. Lo dijo bien una vez el Dr. Cristian Bortolotto en una nota periodística cuando era intendente: la principal industria laboral corondina es la cárcel.
Pero cuidado, aquí no hay cámaras de tv, esto no es Tumberos de la tele, es la vida real, y la verdad, el panorama cada vez está más oscuro.