Aspirantes al Servicio Penitenciario que concursaron durante octubre y noviembre de 2020 convocaron a una manifestación para este lunes 23 de agosto, a las 10, en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe -con posibles réplicas en otras ciudades como Coronda- frente a la Casa de Gobierno, como para hacer bien visible la protesta con el objetivo de que el concurso 2020-2021 para 200 cargos masculinos y 100 femeninos prosiga.
«Compañeros aspirantes al SP, hacemos esta convocatoria para que nos den una respuesta y continú el concurso de selección sobre nosotros» inicia la citación por redes sociales. «Todos debemos hacernos ver y hacer entender que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Debemos hacer valorar nuestro tiempo invertido y nuestro dinero para hacer dichos exámenes clínicos necesarios». Luego insta a «no quedarnos de brazos cruzados, vamos a hacernos valer y que todo nuestro esfuerzo no sea en vano, por culpa de las acusaciones no certeras».
UNA HISTORIA ENREDADA
Entre octubre y noviembre de 2020 tuvo lugar un convulsionado y desprolijo concurso de aspirantes al Servicio Penitenciario, que sorteó dos etapas luego de que inicialmente hubiese más de 9 mil inscriptos.
Primero se realizó un examen de cultura general que consistió en responder en sistema multiple choice sobre Lengua, Matemáticas y Ciencias Sociales, que tuvo como primer traspié un sistema informático que se derrumbó cuando 9 mil personas quisieron responder al mismo tiempo. Tuvieron que dividirlo por grupos y horarios y así sí se pudo completar pero al ser virtual permitía que con el aspirante que quisiera, hubiera colaboradores para ayudar a responder las consultas, lo que le quita idoneidad.
Luego, hubo un examen físico sobre el cual arreciaron las quejas de que las condiciones de los lugares de la prueba no eran los mejores y que las formas de calificación no habían sido muy claras. Además, entre las más de 80 impugnaciones aparecieron supuestas diferencias en las cantidades de ejercicios completados, lesiones y torceduras endilgadas al estado desparejo del piso en el Camping, supuestamente dar aprobación a quienes en lo fáctico no habrían obtenido buena calificación, al parecer había quienes en redes sociales decían haber aprobado y al corroborar en las listas figuraban como reprobados o ausentes, demora en la publicación de los resultados, esto último corroborado por lo siguiente: el 16 de noviembre terminó la prueba física en Coronda, el 18 de enero en Vera, pero las notas aparecieron recién el 20 de febrero cuando la misma reglamentación establecía que no debía demorarse más de 10 días hábiles.
Todo este paquete, sumado al cambio de mando en el Servicio Penitenciario al salir Héctor Acuña y entrar Jorge Bortolozzi, llevó a suspender el 26 de abril el concurso de aspirantes hasta analizar todo lo presentado por los participantes que labraron impugnaciones.
A partir de allí se formaron dos grupos: los que rindieron mal e hicieron presentaciones o no, y los que aprobaron porque invirtieron mucho dinero en la posterior carpeta médica que encima, quedó desactualizada.
Las autoridades todavía no dieron a conocer la decisión sobre tal concurso, pero ya se abrió uno nuevo -con métodos evaluativos distintos- con 200 cupos para trabajar en cárceles del sur provincial y dentro de unos días se hará lo mismo para hacerlo en los penales del centro-norte santafesino.
OTRA MEDIDA
Como si esto fuera poco, hace unos días se conoció que un grupo de aspirantes a cargos en el Servicio Penitenciario, que rindió el ingreso en 2016 y desde entonces quedó a la espera de ser llamado para el curso de instrucción requerido y la posterior incorporación, fue notificado de que tal cosa no ocurrirá, por encontrarse vencida la convocatoria y la previsión presupuestaria a tal efecto.
El procedimiento apuntaba a la incorporación de personal civil y también de agentes penitenciarios que aspiran a cargos superiores, al XXIX Curso de Formación de Oficiales. «Esta instancia considera que en virtud de haber sido iniciado el mismo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Provincia y según lo dispuesto mediante la ley promulgada el 4 de diciembre de 2019 y encontrándose vencidos los términos de la convocatoria oportunamente ordenada como así también el compromiso presupuestario dispuesto a tal fin, se ordenó el archivo de la presente», dice la resolución del organismo que fue notificada a los inscriptos.
A partir de allí varios de esos aspirantes recurrirían a la justicia, a recursos, pedidos a Defensoría, a Diputados e incluso el mismo intendente Ricardo Ramírez acompañará la petición porque «hay muchos ciudadanos de Coronda perjudicados, con todo lo que significa hoy la necesidad de trabajo, y queremos que esto se corrija» mencionó Bachi.