Entra en vigencia este miércoles 1° de setiembre el decreto que dictaminó que los beneficiarios de planes sociales podrán mantener ese ingreso por los próximos dos años y a la vez ser contratados para trabajos temporarios en las economías regionales. Esta medida lógicamente incluye a la producción de frutillas.
La iniciativa de esta aplicación se hizo desde el Partido Fe, afín a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Uatre, y la idea fue motorizada sobre todo por la Diputada Cécira Arcando, desde hace varios meses.
Esa compatibilidad fue anunciada a mediados de agosto en respuesta al reclamo de las cámaras sectoriales, que denunciaron varios casos en los que no se pudieron levantar -y por ende se perdieron- cosechas ante la falta de empleados. El esquema de plan social compatible con el trabajo rural, cuyo universo de beneficiarios se calcula en 150.000 personas, puede visualizarse como una “prueba piloto” para la iniciativa más amplia.
Recordemos que un problema fundamental del trabajo temporal en las quintas de frutillas es que muchos peones se niegan a ser blanqueados porque se suspenden sus planes sociales y luego demoran en volver las altas cuando dejan de trabajar. Esta situación era utilizada por los productores para justificar los no blanqueos, y recordemos que hubo varias inspecciones al respecto, sobre todo en 2020.
También tengamos en cuenta que no han sido pocas las veces en las cuales ha faltado gente para trabajar, sobre todo en los surcos, y en algunos casos, tras inspecciones anteriores, quinteros tienen un cupo mínimo de personas a contratar para el trabajo en campo.
Ahora, con la aplicación de este decreto, los trabajadores rurales podrán ser inscriptos, en blanco, tendrán aportes y cobertura en salud y no perderán sus planes y no habrá excusas para no hacerlo. De todas maneras, en una primera mirada que hizo el gremio rural en campos de la ciudad, todavía hay descreimiento y poco conocimiento de parte de los trabajadores rurales, que dicen no creer que este decreto se haya puesto en marcha y por ende se niegan a ser blanqueados.
Entre otros considerandos, la norma establece que «es objetivo del Gobierno Nacional promover la contratación de trabajo registrado y el acceso a los beneficios de la seguridad social por parte de los grupos sociales con mayor grado de vulnerabilidad social, entre ellos los
trabajadores y las trabajadoras rurales y sus grupos familiares». También «que los trabajadores y las trabajadoras rurales que realizan actividades temporales y estacionales se hallan expuestos a mayores niveles de informalidad y precariedad. Que teniendo en cuenta dichas circunstancias, resulta pertinente adoptar mecanismos que incentiven la contratación de trabajo registrado en el ámbito rural, en particular de los beneficiarios y las beneficiarias de políticas y programas de protección social que se encuentren en situación de disponibilidad laboral».
Además, el decreto observa que «la inclusión activa de los beneficiarios y las beneficiarias de políticas y programas de protección social en el
empleo registrado es el medio más idóneo para promover su inclusión social plena, la mejora de los ingresos y de las condiciones de vida de dichos beneficiarios y beneficiarias y sus grupos familiares».