Una de las pocas cosas positivas que han aparecido en este último tiempo relacionadas con la violencia sexual es que cada vez más gente se anima a denunciar, aunque pueda parecer que pasó mucho tiempo. Sin embargo, este tipo de experiencias causan traumas que si no son tratados o «liberados» de la mente y el corazón de alguna forma, pueden durar todo el resto de sus vidas.
Sea como fuere, son temas muy delicados de tratar, más para la prensa que los hace públicos y conocidos.
A fines del mes pasado, Desvío Arijón se horrorizó cuando se supo que a través de videos se había descubierto a un joven de 19 años, Cristian F., con una probable situación de abuso contra un bebé… Un espanto.
Tal vez luego de semejante sacudón de una localidad tranquila en general, surgió una denuncia.
El pasado día 13, una mujer residente hace poco en la localidad, se presentó en la Comisaría 15 de Desvío Arijón para denunciar que a su hija menor de edad adolescente, la habría abusado un familiar de ambas, entre los 5 y los 10 años de la jovencita, con tocamientos inverecundos, cuando residían en otra localidad.
A partir de allí, el personal local acompañó a la mujer a hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Coronda, la cual quedó asentada para la continuidad de las pesquisas e investigaciones.
Al parecer hace poco la piba se animó y decidió a denunciar a quien durante cinco años de su corta vida, se habría aprovechado de su confianza para saciar sus deleznables y bajos instintos. Está actuando la Justicia al respecto pero con la mira en aquella localidad aclarando que la policía ya hizo su aporte y en este caso los gobiernos de turno sólo pueden interceder ofreciendo ayuda y contención social y psicológica a las víctimas.
LA OTRA TREMENDA CAUSA
El juez penal Héctor Gabriel Candioti dictó el pasado 26 de enero la prisión preventiva sin plazo para un muchacho de 19 años de Desvío Arijón, el cual está acusado por el «abuso sexual gravemente ultrajante» de una beba de un año y «producción de pornografía infantil», por haber filmado el acto.
La medida cautelar fue solicitada por la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), Alejandra Del Río Ayala, luego de narrar las circunstancias en las que se obtuvo el video, que derivó en la detención del acusado.
La denuncia fue radicada en sede policial el 22 de enero por la madre de la niña, la cual se encontraba en pareja con el sujeto al momento de ocurrido el hecho. La mujer se enteró a través de los propios familiares del muchacho, y luego de que un cuñado de éste encontrara un video de 11 segundos, se accionó citó el diario El Litoral.
El cuñado narró que días atrás le creó una cuenta de Gmail a Cristian F. a través de su teléfono celular y que dicha cuenta se activó cuando cambió su equipo de telefonía y reinstaló la agenda contactos con sus cuentas personales y que ahí descubrió el video de marras.
La fiscal, representante del MPA informó al juez que, más allá de los dichos que permitieron alertar a la madre de la menor, la fiscalía ordenó el secuestro del celular del acusado y la autorización judicial para poder tener acceso a su contenido; medida que permitió hallar el video, cuya fecha de producción fue el 12 de enero último, a las 5 de la mañana. «Lo borró al advertir que su familia sabía del video», adelantó Del Río Ayala, que a pesar de ello, explicó que los peritos lograron recuperar el archivo suprimido.
«Entre el abuso y la denuncia, pasaron 10 días, en los cuales la propia madre del imputado le advierte a la madre de la niña lo que estaba pasando. Esto, a raíz de que su hijo ya habría tenido una conducta similar en 2016, cuando siendo menor de edad se tuvo que ir del pueblo para no cruzarse con los familiares de su otra víctima» citó en su web el diario santafesino.
Todo ese relato fue utilizado por la fiscalía para sostener que existen claros riesgos procesales -de entorpecimiento probatorio y peligro de fuga- que sólo podrían cautelarse con el encierro del imputado. Y si bien «el video es la clave donde se advierte toda la escena», el hecho de que sean los propios familiares del imputado quienes relatan lo ocurrido, el regreso del individuo a su domicilio no haría más que condicionarlos a la hora de un futuro juicio.
En tanto, el representante de la Defensa Pública, el abogado Nicolás Mosconi, cuestionó la forma en que comienza la investigación, aduciendo que al haber ingresado el cuñado al correo de su defendido, sin autorización, se violó un principio elemental consagrado en la constitución -derecho a la privacidad e intimidad-, lo cual invalida todos los actos jurídicos realizados después. «Todos los actos que son consecuencia lógica, no pueden ser aprovechados» en la investigación, dijo.
Por otra parte, desestimó los riesgos procesales y reclamó la inmediata libertad para su defendido; y para el caso de que su soltura no fuera aceptada por el magistrado, propuso alternativas a la prisión, con domicilios en la ciudad de Venado Tuerto, en el sur provincial; o en la localidad de San Antonio de Obligado, en el extremo norte, ambas con guardadores con alguna relación de parentesco.
Finalmente el juez Candioti ordenó la prisión preventiva sin atenuantes, dispuso el pase del reo a dependencias del Servicio Penitenciario -estaría en la Unidad 2 donde se derivan los llamados «ofensores sexuales»-, e informó que los fundamentos los dará a conocer por escrito en el plazo de ley.