Alguna vez iba a pasar y pasó. Si bien es de perogrullo que las leyes que regulan la actividad de las fuerzas de seguridad son no sólo vetustas, sino que además inspiradas en el marco de una dictadura militar, nadie miraba para ver qué se podía hacer al respecto.
Incluso ha habido una gran cantidad de injusticias, abusos de autoridad y limitaciones que estaban justificadas en las leyes 8183 y 12521.
Quien ideó un proyecto, según el descubrimiento de la Asociación Profesional Policial Apropol, que hace rato entre otras cosas viene pidiendo una semi agremiación al menos, ya que el empleado de seguridad no puede discutir sus salarios, por ejemplo, salvo un vericueto que no deja conforme a nadie porque en definitiva deben plegarse a lo que en promedio obtengan los empleados públicos de otros gremios como docencia, salud, y administración
Esto no es nuevo, lo que había que buscar era un término medio entre sumar derechos y no restar seguridad. No era tan difícil. La Diputada Provincial del Frente de Todos, Matilde Bruera, ha elaborado un completo proyecto al respecto.
La legisladora aclaró que se trata de una normativa que “es más amplia” que la simple sindicalización de las fuerzas de seguridad, que reconoce derechos a los empleados y busca democratizar a las fuerzas de seguridad, pero que a la vez prohíbe la posibilidad de hacer huelgas por las características del servicio que prestan.
“El proyecto establece derechos y obligaciones de los trabajadores policiales y penitenciarios. Podrán acceder a la agremiación como cualquier trabajador, y también se prevé la creación de una Defensoría de la Policía, a modo de ombudsman, para defenderlos a los sumarios administrativos y demás”, sostuvo.
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la diputada provincial sostuvo que “el derecho a la agremiación es de los trabajadores, no de los gobiernos. En la provincia de Santa Fe tenemos serios problemas de seguridad, con lo cual hay que impulsar reformas profundas en la concepción y estructuración de la policía”.
“Se han vuelto a presentar las tres leyes (de reforma policial) que en su momento ingresaron a la Legislatura y no fueron tratadas. Y me pareció que, además de ese debate que se va a dar en algún momento, la cuestión gremial es algo que no se puede obviar. En un estado de derecho no se pueden dejar de lado las obligaciones y derechos de los trabajadores. Los empleados policiales y penitenciarios son empleados públicos”, subrayó la legisladora del Frente de Todos.
Luego la legisladora continuó con su alocución: “Tenemos una policía muy mal paga, a la que no se le provee elementos, que no está capacitada, no está organizada en las distintas especialidades. Por ejemplo, una cosa es la policía de investigación, otra cosa es de prevención y de seguridad. Todo eso no existe. Tenemos una policía organizada con una ley provincial que es de 1974/1975, previa a la dictadura, con un criterio de orden público. Ese criterio organiza a la policía en la persecución política”, agregó Bruera.
La diputada del Partido Justicialista consideró que “a esta altura del estado derecho, la provincia debe tener una policía democrática, que se ocupe de resguardar los derechos y libertades de las personas, de prevenir riesgos de inseguridad, y que sea capacitada permanentemente y reciba un salario digno. Si no es una fuerza a la que le exigimos seguridad y no le reconocemos ningún derecho”.