Un grupo de postulantes al Servicio Penitenciario protestó en la mañana de este lunes frente a la Casa de Gobierno, en la Plaza 25 de Mayo. Exigen que se reabra el concurso que quedó en suspenso y esperan por una reunión que habría este martes con una funcionaria de segundo orden del SP.
En la concentración, donde hay que decir no hubo mucha gente a pesar de que son 1038 los aspirantes que quedaron a la espera desde abril, una de las voces cantantes indicó que «somos del grupo de aspirantes al ingreso, estamos pidiendo que se reanude con el proceso de selección que se detuvo hace 6 meses, con la tercera etapa. Rendimos y aprobamos el intelectual y el físico y cuando íbamos a entregar la carpeta médica se detuvo el proceso» dijo una joven manifestante.
Luego, aclaró que «se suspendió temporalmente no por pandemia sino por el recurso de amparo colectivo de 300 aspirantes, supuestamente por irregularidades, escuchamos versiones pero eso es un tema de esos 300 aspirantes. Esperamos que siga el concurso, ya varios cumplimos la edad límite para poder anotarnos a un empleo público de ingreso y la carpeta sale mucha plata, lleva tiempo, hay que sacar turnos, tiene muchos exámenes, muchos la hicimos, la pagamos».
Sobre el concurso que paralelamente se abrió para 200 varones en Rosario y zona de influencia, la mujer opinó que «esa una de las mayores preocupaciones, cómo van a abrir una nueva inscripción si tienen 1038 aspirantes esperando una respuesta, nosotros estamos más avanzados, y le dan prioridad a 200 que tienen que empezar todo de nuevo, además de los 6 meses que tenemos que tener de formación. Y los empleados del SP piden que se incorpore gente porque no dan abasto para cubrir las guardias».
Finalmente aclaró que «nunca más supimos nada, llamamos a la escuela y nada. Estábamos en plaza 25 de mayo y salió el Dr. Gálvez a pedir que nos callemos y nos vayamos que el martes nos dará una reunión para dialogar con su secretaria» finalizó la manifestante.
Recordemos que luego de la manifestación de agentes en la Cárcel de Piñero y la clara chance de que se genere un efecto dominó en otras unidades, el gobierno dispuso por decreto otorgar los 16.500 pesos para uniformes que estaba pendiente, y que le habían dado a la policía.