Condenaron por enriquecimiento ilícito a un policía que residió en Larrechea y que ya estaba detenido, además fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y deberá pagar una multa de 830.268 pesos. Según informó el Ministerio de Acusación y al tratarse de una condena hecha efectiva, se informó que se trata de Oscar Celer, de 44 años. Se le impusieron ahora dos años de prisión, que fueron unificados con otra pena anterior, por lo que deberá cumplir un total de cinco años y seis meses de prisión. El fiscal Ezequiel Hernández estuvo a cargo de la investigación.
El agente fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, deberá cumplir un total de cinco años y seis meses de prisión a raíz de que la pena fue unificada con otra anterior. La condena fue impuesta por la jueza Susana Luna en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal Ezequiel Hernández estuvo a cargo de la investigación. Según informó, “además del cumplimiento efectivo de prisión, Celer fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y deberá abonar 830.268 pesos al MPA en concepto de multa”. El fiscal aclaró que “la suma de dinero equivale al 50 por ciento del incremento patrimonial que el uniformado admitió que no estaba en condiciones de justificar”.
Hernández detalló que “parte de la multa será pagada con una lancha marca Delfín que era propiedad del condenado y que fue secuestrada oportunamente; un automóvil marca BMW que fue rematado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD); y uno marca Volkswagen modelo Gol que tendrá el mismo fin”. Agregó que “el saldo restante de la multa serán 80.734,52 pesos que deberá pagar en efectivo”.
ENTRE 2013 Y 2017
Hernández indicó que “Celer llevó a cabo su accionar delictivo mientras trabajaba como agente de la policía santafesina”. Mencionó que “a principios de 2019, el área de Asuntos Internos de la secretaría de Control provincial le solicitó la justificación de un desmedido incremento patrimonial que tuvo entre 2013 y 2017 y había sido advertido a raíz de una denuncia anónima”.
“Por su condición de funcionario público, el condenado estaba obligado a brindar información sobre el origen de sus ingresos económicos”, sostuvo el fiscal. En tal sentido, subrayó que “el hombre el 44 años no pudo explicar de dónde había obtenido el dinero para adquirir un inmueble ubicado en Sauce Viejo, tres autos, dos camionetas, dos embarcaciones, un cuatriciclo y una motocicleta”.
“A partir de informes de entidades públicas y privadas y de allanamientos realizados en propiedades de Celer, una al menos en Larrechea, se determinó que, en total, el monto de dinero no justificado era de 1.660.536 pesos”, aseguró el funcionario del MPA. “En diferentes etapas de la investigación, tres contadores emitieron dictámenes distintos que coinciden en que hubo enriquecimiento ilícito”, añadió.
RESPONSABILIDAD PENAL
“Dada la voluminosa y concordante prueba en su contra, Celer reconoció su responsabilidad penal por el delito que le endilgamos desde la Fiscalía”, destacó Hernández. “La magistrada, por su parte, consideró que el ilícito contra la administración pública fue cometido tal como lo atribuimos”, afirmó.
Además, “la Defensa del policía aceptó la calificación penal de lo ocurrido, la pena que propusimos y el procedimiento abreviado elegido para llevar adelante el juicio”, concluyó el fiscal.
LA OTRA CONDENA
En noviembre de 2017, Celer quedó en prisión preventiva en el marco de la investigación –que también encabezó el fiscal Ezequiel Hernández– por la cual fue condenado en mayo de 2019. Esa condena se le impuso a él y a otros tres policías (Cristian Basilio Gutiérrez; Exequiel Sebastián Romero y Leonardo Abel Velázquez).
“En aquella oportunidad, fue condenado por la coautoría de los delitos de tentativa de robo calificado (por ser en poblado y en banda; por el uso de arma de fuego; y por ser miembros de una fuerza de seguridad)”, precisó el funcionario del MPA. Además, concluyó que “Celer y Gutiérrez también fueron condenados como autores del delito de portación ilegítima de arma de fuego de guerra”.
LA OTRA CONDENA
Los hechos investigados por Hernández fueron cometidos alrededor de las 2:30 de la madrugada del lunes 6 de noviembre de 2017.
“Los cuatro policías intentaron apoderarse ilegítimamente de elementos que eran propiedad de una pareja que vive en la casa número 13 ubicada en calle Iturraspe y el Terraplén. Para lograr su objetivo, antes de ingresar a la vivienda, acordaron y distribuyeron las funciones que tendría cada uno”, confirmó Hernández. “Celer, Gutiérrez y Romero ingresaron al inmueble, mientras que Velázquez se quedó fuera de la casa con el objetivo de asegurar la huida y advertir la presencia de terceras personas”, agregó.
El fiscal del MPA explicó que “para irrumpir en la casa de las víctimas, los agentes lo hicieron mediante la utilización de fuerza contra las cosas y violencia contra las personas”. En tal sentido, relató que “con un ariete rompieron las puertas delanteras y, una vez que estuvieron adentro, le exigieron a una de las víctimas la entrega de dinero, drogas y armas de fuego”.
“En su accionar delictivo, los cuatro condenados ostentaron su función de personal policial, vestían el uniforme de policía, tenían el rostro cubierto y exhibieron sus armas de fuego reglamentarias las víctimas”, informó Hernández. “Sin embargo, no lograron su objetivo por razones ajenas a su voluntad, ya que fueron sorprendidos en el lugar por personal del Comando Radioeléctrico”, añadió.
ACTA FALSA
“Minutos después de lo ocurrido en la zona oeste de la ciudad, los cuatro condenados comenzaron a redactar un acta de procedimiento policial en la que –a sabiendas de su falsedad– indicaron que el revólver calibre 38 que portaba Gutiérrez había sido secuestrado en el marco de un procedimiento legal realizado en el domicilio al que habían ingresado ilegalmente”, sostuvo el funcionario del MPA.
En relación a este hecho, el fiscal remarcó que “intentaron disimular el delito que habían cometido minutos antes, a través de falsear el acta de procedimiento, es decir, el documento que tiene como fin anoticiar a la Justicia Penal de la probable comisión de un hecho ilícito”. No obstante, el fiscal valoró que “nuevamente, no lograron su objetivo por razones ajenas a su voluntad, debido a que el personal policial presente en dicha delegación develó la mendacidad de lo que se intentaba plasmar”.
PORTACIÓN
Las condenas a Celer y Gutiérrez también fue por la portación ilegítima de arma de fuego de guerra.
“A Celer se le encontró una pistola calibre 9 milímetros cargada con cuatro proyectiles del mismo calibre y en condiciones de utilización inmediata. La tenía en el asiento trasero de su auto, que estaba estacionado en inmediaciones de la avenida Peñaloza y Pedro de Vega. También tenía 10 proyectiles del mismo calibre”, enumeró Hernández.
En relación a Gutiérrez, el fiscal del MPA indicó que “al momento de ingresar a la vivienda de barrio Barranquitas, llevaba consigo –debajo de su chaleco balístico–, un revólver calibre 38 para el cual no contaba con la autorización correspondiente. El arma no tenía numeración visible, estaba en condiciones de utilización inmediata y contenía seis cartuchos en el tambor, cinco de los cuales estaban intactos y uno tenía signos de haber sido percutado”.
DEPENDENCIAS
Celer y Romero prestaban funciones en el Comando Radioeléctrico, Velázquez lo hacía en la Sexta Zona de Inspección y Gutiérrez integraba el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
Fuente: Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe
Foto: Fiscal Ezequiel Hernández