Este es un concurso de aspirantes para el Servicio Penitenciario que arrancó a los tropezones, tuvo que ser suspendido por casi 100 denuncias por supuestas irregularidades en la toma de exámenes, y lo que empezó allá en octubre de 2020 todavía está lejos de tener una definición para ver quiénes ocuparán los 260 cargos disponibles para entrar como suboficiales –guardias- al SP santafesino.
Hace algo más de un mes comenzó nuevamente, con presentación de carpetas médicas y ahora con un examen psico laboral que sería un nuevo filtro para seguir achicando lo que empezó con casi 10.000 aspirantes y hoy tenía 1036 aptos para esa prueba.
Nuestro medio fue el que más siguió este concurso e informamos en paralelo todas las novedades que hubo. Lamentablemente, otra vez tenemos que hablar de situaciones que podrían demorar más la definición de los aptos… o no.
¿Por qué? Un conjunto de aspirantes que rindió ese examen psico laboral la semana pasada, asegura que hará una presentación formal de queja ya que según sus dichos, al menos el siguiente grupo que pasó a rendir ya sabía lo que iban a tomar, que se habría filtrado esa información y que se estaban preparando a través de un tutorial para realizar el denominado Test de Raven, cuando entre las condiciones para presentarse a esta prueba no se podía llevar ni usar teléfono.
“Al salir de la Escuela Penitenciaria, el segundo grupo se encontraba viendo el test por Youtube ya que los mismos aspirantes filtraron el examen” indicó Caren E. DNI 115 a nuestra redacción, cosa que fue avalada con los mismos conceptos por Ayelén G. DNI 224. La queja viene porque ese primer grupo ni siquiera sabía qué se tomaba porque así debería haber sido para todos y el segundo entró sabiendo supuestamente de qué se trataba –nos enviaron capturas del grupo de Aspirantes- e incluso con la observación de tutoriales.
Convengamos que aquí no aparece una acusación o sospecha sobre el Servicio Penitenciario sino una supuesta filtración entre concursantes que habría dejado en desventaja a un grupo sobre otro y que esos aspirantes aseguran que “tenemos pruebas de todo”.
Previo al examen, una de las indicaciones era: “No se permitirá la utilización de dispositivos móviles, la sola constatación de su uso constituirá razón suficiente para la exclusión del postulante del presente proceso” escribió Dara G. DNI 883 quien agregó que “queremos hacer valer nuestros derechos porque esto es una injusticia».
Del mismo modo, por ejemplo la aspirante Jésica, DNI 004 reclama que hubo postulantes “que se olvidaron papeles y les dieron otra oportunidad porque claramente decía si faltaba un papel quedarían excluidos” y agregó que «entonces pedimos la misma segunda chance».
“Tenemos pruebas de cómo se filtró todo” indicó Magalí R., 223, quien además aseguró que habrá una presentación conjunta ante Asuntos Penitenciarios para que “se tome de nuevo a todos la entrevista”. Débora A. DNI 035, por su parte, nos hizo saber que “es injusto para los que hicimos tanto esfuerzo” mientras que “otros sabían ya las respuestas”. La preocupación por estar «pasados de edad» -el tope para anotarse en estos concursos es 28 años, algo que debió ser cambiado hace rato- de quienes tienen esta como última chance de ingresar a fuerzas de seguridad es un detalle más que se suma a esta nueva ola de protestas.
Cerca de diez notas firmadas fueron enviadas a nuestra redacción y en todos los casos coincidieron en hacer una presentación de protesta ante las autoridades, en un concurso, insistimos, cargado de situaciones conflictivas. Pero aseguran que son más los y las aspirantes que harán un pedido individual o grupal para que el examen se vuelva a repetir.